En Bolivia los sectores vulnerables, ante la falta de trabajo, bajos índices económicos y décadas en las cuales no obtuvieron las condiciones para propiciarse una renta de vejez o en el presente la posibilidad de tener un trabajo que permita mejorar su calidad de vida, terminan dependiendo de un bono o una renta estatal muy sometida a las condiciones macroeconómicas inestables de nuestro país que suceden desde los años 90’s.
Bolivia tiene varios tipos de renta estatal, el Bono Juancito Pinto un incentivo educativo que se entrega a estudiantes para disminuir la tasa de deserción escolar. Aunque no es un bono tradicional, es una forma de apoyo financiero a la educación, pero la deserción escolar en Bolivia no es un índice ligado al monto de dinero que se tenga para la educación.
La Renta Dignidad en Bolivia es un beneficio mensual y vitalicio que el Estado otorga a personas mayores de 60 años que no reciben una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo ni una remuneración del Presupuesto General del Estado. El monto de la Renta Dignidad es de Bs 350 mensuales para aquellos que no reciben ninguna renta o pensión, y Bs 300 mensuales para quienes sí reciben una renta del sistema de reparto o una pensión del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo
La sostenibilidad de los bonos en el tiempo, especialmente en un contexto de bajos ingresos fiscales y escasa inversión privada, es un desafío complejo.
La Insostenibilidad de los Bonos en Contextos de Bajos Ingresos Fiscales
Los bonos, como herramientas financieras, tienen el potencial de aliviar situaciones económicas críticas y fomentar el bienestar social a corto plazo. Sin embargo, su sostenibilidad a largo plazo se ve gravemente comprometida en escenarios donde los ingresos fiscales son bajos debido a la escasa inversión privada. En un país que agobia al que quiere invertir con regulaciones y control excesivo estas herramientas son una carga fiscal muy fuerte.
La dependencia excesiva de los bonos para financiar el gasto público puede llevar a un incremento significativo de la deuda pública. En un entorno de bajos ingresos fiscales, esto se traduce en una creciente dificultad para cumplir con las obligaciones de pago de intereses y principal, poniendo en riesgo la solvencia financiera del Estado.
La falta de inversión privada merma la capacidad del gobierno para recaudar impuestos corporativos y sobre la renta, principales fuentes de ingreso fiscal. Sin un flujo constante y robusto de ingresos, financiar los bonos a través de impuestos se vuelve inviable, obligando al gobierno a buscar alternativas menos sostenibles, como la emisión de más deuda o la impresión de dinero, lo cual puede provocar inflación.
Además, la inversión privada es crucial para el crecimiento económico. Sin ella, el país experimenta un estancamiento económico que afecta negativamente la productividad y, por ende, la recaudación fiscal. Este círculo vicioso deteriora aún más la capacidad del gobierno para sostener los bonos. En resumen, en un contexto de bajos ingresos fiscales y escasa inversión privada, los bonos se vuelven insostenibles a largo plazo. Es fundamental para los gobiernos buscar un equilibrio entre la emisión de bonos y la creación de un ambiente propicio para la inversión privada, lo cual fortalecería los ingresos fiscales y garantizaría la estabilidad económica.
