Parece que la figura del contrabando en Bolivia está vista de que es un delito el no darle la suma dinero que le corresponde al gobierno y por conceder la venia y beneplácito de importar bienes de capital que no se producen en el país, que además están lejos de poder generar una industria seria y rentable.
En un operativo encabezado por el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), un camión cargado con mercadería de línea blanca fue comisado e incinerado en el sector de Janko Kala Copacabanita, en el departamento de La Paz.
La acción, realizada este miércoles, significó una afectación económica al contrabando estimada en Bs500.000, según informó el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN. Luis Amilcar Velásquez Burgoa.
Al parecer hay mucho orgullo el mostrar cómo han quemado y perjudicado monetariamente a los que quieran insertar bienes a nuestro país sin consentimiento del estado, pero en realidad lo que se está afectando es justamente en la oferta de estos bienes que se traducirán en un precio más alto lo que generará que no sea rentable para el inversor y este dejará de importarlo, en el mediano plazo ocasionará que solo unas elites con capacidad de pago podrán adquirir “legalmente” estos bienes y pos supuesto los funcionarios que tienen este poder de decidir quién entra o sale serán los que se beneficien económicamente al tener el control de la intervención del gobierno en el ámbito de las importaciones.
La intervención gubernamental a veces puede dar lugar a prácticas corruptas, donde ciertos actores económicos reciben trato preferencial, lo que distorsiona el mercado y perjudica la competencia justa. Estas distorsiones acaban en un fascismo de estado que controla a los emprendedores y que solo prosperen a los que pagan sus cuotas de poder con dinero.
La intervención directa del gobierno en ciertos sectores puede crear un entorno de competencia desleal. Por ejemplo, si el gobierno subvenciona a ciertas empresas o industrias, puede socavar a otras que no reciben los mismos beneficios.
Las normativas y regulaciones excesivas pueden aumentar los costos operativos para las empresas, dificultando la innovación y el crecimiento. Las empresas pequeñas y medianas suelen ser las más afectadas por la carga regulatoria.
