Nuevas situaciones políticas sacuden un proceso que ya está viciado por una lucha de poder en la cual quieren tener su tajada tanto “Evistas” – “Arccistas” y “oposición”, cada uno de estos actores políticos trata de meter a gente que le beneficie judicialmente en el futuro sabiendo que eso puede significar tener el poder judicial para imponer su visión política o deshacerse de rivales políticos que pueda perjudicar su gestión, dejando a la ciudadanía en general que no está involucrada en política con el mismo sistema judicial que solo perjudica a miles de ciudadanos cada año.
Como se sabe el 11 de octubre el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emite la sentencia número 60, paralizando completamente las elecciones judiciales por tercera vez, hecho que ocasionó que las fuerzas políticas se pronuncien al respecto ya que los magistrados debían hacer cesado funciones al finalizar su gestión constitucional.
El 8 de noviembre el TCP pide evitar el vacío de poder en caso de que no haya autoridades electas hasta fin de año. Luego en una reunión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fuerzas políticas respaldan la realización de las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre en un acuerdo firmado, acuerdo que por cierto no estpa estipulado en la constitución y que pasa toda norma lega vigente.
El 13 de noviembre el Senado aprueba una ley corta para garantizar las elecciones judiciales, pero la Cámara de Diputados no la considera debido a la falta de comités y comisiones. Legisladores piden al TSE no administrar elecciones judiciales parciales y prometen aprobar una ley corta para blindar el proceso electoral. El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, expresa su esperanza de que la Asamblea Legislativa apruebe la ley corta para garantizar elecciones judiciales íntegras.
Como no se promulgó la ley corta El TCP decidió suspender las elecciones judiciales en varios departamentos debido a irregularidades en la convocatoria de postulantes, especialmente en aspectos como la equidad de género y la autoidentificación indígena. La sentencia 0770/2024-S4 declaró desierta la convocatoria en ciertos departamentos, lo que llevó a la suspensión parcial de las elecciones, ya que se realizarán en los departamentos que no presentaron las supuestas irregularidades.
El 19 de noviembre Andrónico Rodríguez, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), promulgó la Ley 075 que cesa a los magistrados autoprorrogados con apoyo de varios diputados de Comunidad Ciudadana y de Creemos. Esta decisión se tomó en ausencia del presidente Luis Arce, quien estaba de viaje, y del vicepresidente David Choquehuanca, quien asumió la Presidencia. Rodríguez argumentó que la autoprórroga de los magistrados había generado un caos judicial y que era necesario restablecer la vigencia de los artículos 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado.
En Bolivia al parecer ya es una costumbre el saltarse de las normas o volverlas a usar cuando les conviene, no acatar fallos de las instancias encargadas de gestionar o normar un determinado ámbito o usar otras instancias de poder para sobrepasar a estas, convirtiendo estos eventos en un circo mediático y que lamentablemente ante la mirada atónita de los países extranjeros, los cuales si respetan las decisiones que toman las instancias encargadas pese a que no la compartan y sean disidentes de ellas, no incurrirán en contravenirlas asegurando la Institucionalidad y separación de poderes.
