Ya es común en Bolivia, que cuando las cosas no van de acuerdo como uno lo esperaba, se llevan a cabo acciones para que un proceso se empantane, no se lleve cabo, se perjudique, se anule y otras más. Esto no solo ocurre en las elecciones judiciales sino es uno de los tumores que tiene nuestro país, desde la Universidad cuando los jóvenes tratan de impugnar elecciones estudiantiles porque su sigla no salió ganadora hasta elecciones de candidatos judiciales e incluso presidenciales, este tipo de acciones son parte ya de la cultura y no son recientes, un país subdesarrollado como el nuestro, al igual que en países de la misma talla como lo son muchos de los países africanos, vienen teniendo esta clase de conflictos desde décadas atrás.
Esta inconstitucionalidad, la búsqueda de poder, los acuerdos por debajo de la mesa y la clara falta de respeto por las leyes o por los procesos hace que todo acabe siendo un pandemónium. El caso de las elecciones judiciales no se queda atrás desde que se lanzó su convocatoria.
El 15 de diciembre (según se tiene previsto), la ciudadanía elegirá a tres miembros titulares y tres suplentes del Consejo de la Magistratura de entre 20 candidatos. La lista de candidatos incluye a 10 mujeres y 10 hombres, con cuatro postulaciones de autoidentificación indígena.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la realización de una cumbre política para discutir el futuro de las elecciones judiciales. Se busca aprobar una ley corta antes del 15 de noviembre para blindar las elecciones frente a posibles recursos legales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió suspender las elecciones judiciales en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Esta decisión se tomó en la sentencia 070/2024, que se conoció oficialmente el 7 de noviembre de 2024 debido a varias razones clave:
Irregularidades en la Convocatoria: El TCP encontró irregularidades en la convocatoria de postulantes, especialmente en aspectos como la equidad de género y la autoidentificación indígena. Estas irregularidades llevaron a la decisión de declarar desierta la convocatoria en ciertos departamentos.
Principio de Preclusión: La sentencia del TCP mencionó que la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024 era inaplicable en ciertos aspectos, ya que contravenía normas constitucionales. Esto llevó a la nulidad parcial de las convocatorias de magistrados.
Acciones Constitucionales: La decisión del TCP también se basó en la revisión de acciones constitucionales presentadas por ciudadanos, como Hugo Vargas Palenque, quien solicitó una revisión de la convocatoria de elecciones judiciales.
El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez analizó la situación actual del país en relación con los recientes fallos constitucionales. Según Gutiérrez, no se llevarán a cabo elecciones judiciales hasta una nueva convocatoria, ya que las leyes no pueden estar por encima de la Constitución.
A pesar de la sentencia del TCP, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de partidos políticos, reafirmaron la continuidad de los comicios judiciales para el 15 de diciembre de 2024. Representantes de los órganos del Estado y partidos políticos firmaron una declaración reafirmando la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024, rechazando una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que intentaba paralizar el proceso.
El Gobierno de Bolivia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el TCP actuó al margen de la ley al vetar parcialmente las elecciones judiciales, poniendo en riesgo futuros procesos electorales.
En un encuentro interinstitucional y multipartidario, se firmó la «Segunda Declaración por la Democracia», que reafirma la realización de las elecciones judiciales y rechaza la sentencia del TCP. Se destacó la importancia de garantizar la independencia y transparencia en la justicia.
Un acuerdo político respaldó al TSE y blindó las elecciones judiciales. El documento consensuado emplaza al Ejecutivo a garantizar los recursos económicos necesarios para la ejecución de las elecciones y pide que el Legislativo emita un pronunciamiento en rechazo a la cuestionada sentencia.
Se insiste en el blindaje de las elecciones judiciales tras el acuerdo político, debido al temor de que los vocales del TSE sean procesados si llevan a cabo las elecciones judiciales íntegras sin respetar la cuestionada sentencia constitucional.
La sentencia del TCP ha generado controversia y rechazo en diversos sectores, que consideran que la decisión afecta negativamente la democracia y la independencia del proceso electoral. Nuestro país debe dejar de lado estas prácticas y empezar a ser profesional con las decisiones y con la institucionalidad, esto no es un problema de ahora ha pasado siempre, solo queda que las nuevas generaciones aprendan sobre ética y cambien ese paradigma y esa mala costumbre en nuestro país.
