Bien se sabe que la juventud es el futuro del mañana, es por esta razón que como sociedad debemos garantizar la seguridad, protección y bienestar del sano desarrollo de nuestros jóvenes.
Pero muchas veces, los buenos deseos se quedan en el papel, porque en nuestra realidad boliviana, desde hace años que no estamos cumpliendo un rol protector con nuestros adolescentes.
En nuestro país, existen varias leyes y normativas que resguardan y garantizan los derechos de los menores de edad, por ejemplo: el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N.º 548), Convención sobre los Derechos del Niño y algunas políticas públicas, que en mi opinión deberían ser más reforzadas por los diferentes actores políticos, desde Alcaldías, Gobernaciones, Defensoría del Pueblo y Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
En el año 2023, se envió un Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional que planteaba eliminar el delito de estupro del Código Penal.
¡Una atrocidad!
Actualmente, esta sombra de impunidad, nuevamente se cierne sobre nosotros. En la Cámara de Diputados se encuentra el Proyecto de Ley 010 para eliminar el estupro.
En este último año, los delitos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes se han incrementado alarmantemente, en el caso de estupro, se registró un aumento de 2,26% en comparación con la gestión pasada del 2023.
Recordemos que este delito se refiere al acceso carnal hacia una persona sin su consentimiento, donde la coerción juega un papel muy importante, que ya desde su posición, el adulto puede aprovecharse de la inmadurez de la víctima menor de edad.
Lamentablemente, la edad de consentimiento sexual en Bolivia es de 14 años, establecido en el Artículo 308 del Código Penal.
Un menor de edad, a los 14 años no tiene la suficiente madurez emocional para consentir una relación sexual y mucho menos, con un adulto mayor de 18 años. Imaginemos la situación aún peor de una jovencita de 15 años con un hombre que sobrepasa los 30, 40 años o más!!
Es nuestro deber y obligación exigir que el Gobierno de turno, y el Ministerio de Justicia puntualmente, garanticen que el delito de estupro no sea eliminado, ni modificado.
La sociedad en su conjunto, plataformas ciudadanas, plataformas por la Vida y la Familia, no pueden permitir que nuestros niños y jóvenes corran el riesgo de ser utilizados para fines de explotación sexual.
Que terrible es esta nueva ley que van a aprobar.
Muy buenos datos.